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La foto completa arranca con dos verdades que conviven (y por eso chocan). Primera: el deporte es un derecho, forma parte de la educación y constituye gasto público social; además, el Estado debe fomentar estas actividades e inspeccionar organizaciones deportivas cuya estructura debe ser democrática.
Segunda: el Sistema Nacional del Deporte se crea para articular actores y permitir acceso comunitario al deporte y la recreación, no solo para producir medallas.
En esa mezcla aparece un malentendido frecuente: club no es lo mismo que escuela (aunque en la conversación cotidiana se usen como sinónimos). Normativamente, los clubes se entienden como organismos de derecho privado (y en el caso profesional, con funciones de interés público y social), es decir: no son “públicos” por ser “sin ánimo de lucro”; son privados con una misión social.
En Bogotá, el IDRD reconoce rutas distintas: la Escuela de Formación se organiza vía Aval Deportivo (registro y verificación de requisitos) y el Club se formaliza en deporte asociado vía Reconocimiento Deportivo.
El problema no es que un club cobre mensualidad. Eso puede ser perfectamente legítimo para sostener entrenadores, logística y operación. El problema es la zona gris: pedimos (o negamos) apoyos públicos sin un estándar compartido, y esa ambigüedad convierte cualquier conversación sobre escenarios en una pelea recurrente.
El giro que ordena el debate es cambiar la pregunta. No es “¿cobro o no cobro?”. Es: cuando lo público apoya (prioridad, descuento, exoneración), ¿qué valor público está comprando y cómo se verifica?
Porque el escenario público es un recurso colectivo y su uso requiere reglas que protejan el disfrute ciudadano, la equidad y la sostenibilidad del espacio.
Bogotá ya tiene pistas institucionales para ese equilibrio. El Manual de aprovechamiento del IDRD existe precisamente para regular el uso económico del espacio público administrado por la entidad, incorporando criterios de bienestar y equidad, y estableciendo reglas de tarifas, descuentos y condiciones.
Y el Protocolo de aprovechamiento enfatiza un principio clave: transparencia, orden y prioridad del derecho ciudadano al disfrute libre.
¿Qué falta? No más discursos: falta un acuerdo sectorial de coherencia, fácil de entender y de demostrar. Algo como: si una organización solicita trato preferente (o apoyos) en escenarios, que pueda evidenciar, de forma mínima:
- Gobernanza participativa real (no solo estatutos).
- Transparencia básica (qué se cobra, qué se reinvierte, qué becas existen).
- Acceso social verificable (cupos/criterios, no promesas).
- Estándares de cuidado y calidad (seguridad, formación, bienestar).
- Uso eficiente y corresponsable del escenario (cumplimiento, convivencia).
Eso no “pone a nadie en la mira”. Al contrario: le da piso técnico al apoyo público y fortalece la legitimidad de clubes y escuelas ante ciudadanía e institucionalidad.
Cuando el modelo se aclara, ganan todos —pero por razones distintas. Gana la ciudadanía porque entiende qué se subsidia y por qué; gana el Estado porque protege escenarios y reduce la conflictividad; y ganan clubes y escuelas porque dejan de depender del “aquí siempre se ha hecho así” y pueden planear sostenibilidad con reglas claras.
Esto también ordena otra discusión común: “todo va para alto rendimiento”. El incentivo hacia lo visible existe, sí, pero también hay oferta pública directa para base. Por ejemplo, el IDRD ofrece escuelas deportivas para menores como espacios de participación y aprendizaje, con enfoque incluyente y prevención en población vulnerable. Y el Distrito ha divulgado programas gratuitos como “Escuelas de mi Barrio” para niños y adolescentes (6 a 17 años), lo cual evidencia que sí existen apuestas públicas directas por la base.
La clave es separar conceptos: público directo (programas del Estado) no es lo mismo que apoyo público indirecto (beneficios a privados por impacto). Si no hacemos esa distinción, terminamos discutiendo percepciones en lugar de diseño.
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El reto no es escoger bando; es construir coherencia. Lo público es de todos y se administra con reglas; lo privado puede cobrar y sostenerse, pero si pide apoyo público, debe poder mostrar valor público de forma simple y verificable.
La invitación es concreta: dejemos de discutir solo la tarifa y construyamos el acuerdo completo —con criterios, evidencia y corresponsabilidad— para que el deporte base deje de vivir en el “enredo” y pase a jugar en cancha clara.
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